Golpe a golpe , ladrillo a ladrillo
Geyhache.com, la Agencia Inmobiliaria de Locales en Madrid
Sin la virulencia de las pasadas semanas y sin tener en cuenta el ruido jurídico vacío, la vivienda ha continuado estando en el centro del discurso de la clase política. Conocen la intranquilidad y preocupación de una gran parte de la ciudadanía y saben que el altavoz continúa instalado ¡y lo que se mantendrá!, porque el problema no se va a acabar en un año ni en dos. Son muchos más los que llevamos creando la crisis, alimentada por la ineptitud e intereses de una clase política que no lo vio venir y generada sin duda alguna por la digestión de la burbuja inmobiliaria y todos los desastres empresariales que originó. Así, y mientras no se les ocurra otra cosa, los golpes regulatorios se suceden, desde el Gobierno, las comunidades autónomas o los ayuntamientos.
La suspensión de los desahucios está de vuelta
Como era lo esperado, hemos visto la aprobación en el Congreso, por una sobrada mayoría, de una parte del decreto ómnibus, echado abajo hace dos semanas por los votos unidos de PP, VOX y Junts. Este nuevo decreto lleva incluidas algunas de las medidas que al decaer habían causado un profundo malestar social y una cierta congoja en el PP, cuyos razonamientos para oponerse no habían sido entendidos por la ciudadanía, o tal vez sí. Entre lo aprobado, la revalorización de las pensiones, la moratoria contra los desahucios a las familias vulnerables o las ayudas a los afectados por la DANA o el volcán de la Palma.
También lleva incluida la transferencia del decimonónico palacete de la avenida Marceau, que fue sede del Gobierno Vasco en el exilio. Y en esta ocasión el PP ha votado a favor, porque en política eso de los valores inamovibles es un cuento chino.
El alcalde de Barcelona continúa marcando tendencia
Nuestro inefable Jaume Collboni ha vuelto a salir a la palestra solicitando al Gobierno que en la próxima revisión de la Ley de Vivienda se incluyan medidas para equiparar» los alquileres de temporada a los de larga duración en lo que se refiere a regulación, y que el límite de precios se aplique para ambos. En la encendida entrevista que mantuvo en TV3, el alcalde de Barcelona señaló algunos puntos a los que merece la pena prestar atención, porque serán tendencia; entre ellos el de poner más trabas a las compras por extranjeros, su reafirmación a acabar con los pisos turísticos en la capital catalana en 2029, la salida de los fondos de inversión en vivienda de Cataluña y la reforma de la norma que obliga a destinar el 30% de las nuevas promociones a pisos sociales. Todo ello irá marcando el mercado de la vivienda en Cataluña los próximos años.
Isabel Rodríguez ha sido la estrella en el Congreso
Siguiendo las actividades de nuestros preocupados políticos, que no duermen pensando en la ciudadanía, PP, VOX y Podemos han protagonizado un debate monográfico sobre vivienda, con interpelaciones a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para conocer las medidas llevadas a cabo y previstas en materia de vivienda, al objeto de paliar la crisis que sufre la ciudadanía, por los altos precios y la difícil accesibilidad a una vivienda digna.
En el debate, Isabel Rodríguez, ha pedido al PP que se posicione sobre la aplicación de un 100% del IVA, del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o un nuevo tipo impositivo para la inversión de no residentes en vivienda, añadiendo que también subiría el IVA a los que hacen de la vivienda una actividad económica. Todo ello dará que hablar.
Más políticamente correcto ha sido el anuncio de la convocatoria para el próximo día 21, por parte de Rodríguez, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para avanzar en agilidad administrativa y conceder licencias de obra en menos tiempo de lo que se tarda en construir las viviendas. Este es uno de los cuellos de botella identificados por todo el sector y también por los políticos, con lo que las soluciones deberían comenzar a aparecer.
Menos agradable se ha mostrado Podemos que, amagando con viviendas vacías y las compras de vivienda para invertir, ha advertido al Gobierno que si quiere contar con sus votos para los Presupuestos “deberá a tener que dejar de arrastrar los pies y poner coto a los rentistas y los especuladores”. Negociación dura la que está por llegar.
La vivienda de uso turístico es el objetivo principal de los ayuntamientos
Lo que parece muy claro es que después de muchos años de inacción y de dejar hacer al mercado, que sólo se mueve por el beneficio y la rentabilidad -sagrada palabra que esconde muchos pecados-, la situación está comenzando a cambiar, – la ley del péndulo- al menos en lo que se refiere a normativa y a los pisos turísticos que, tal vez porque ya llevan años señalados, tal vez porque sea lo más sencillo, se están convirtiendo en el chivo expiatorio de muchos ayuntamientos, de manera independiente ya a su color político.
Por ir de mayor a menor, Barcelona se reafirma en suspender en el 2029 todas las licencias; Madrid suspendió el pasado año la concesión de licencias y anuncia un duro régimen sancionador; Valencia quiere aplicar un límite del 2% de pisos turísticos por barrio; Alicante paraliza las licencias durante dos años; Granada ya está estudiando medidas similares; Bilbao impone una moratoria de un año. La última, la de esta pasada semana en A Coruña.
En la capital gallega, Inés Rey, la alcaldesa, ha confirmado que el Ayuntamiento enviará un requerimiento a la Xunta para regular los pisos turísticos en la ciudad. Según Rey, la jurisprudencia permite a la Administración local adoptar medidas como limitar la ubicación de estos alojamientos en bajos, primeras plantas y edificios completos. Y es que los datos son abrumadores: En febrero de 2024 se contabilizaban 713 viviendas turísticas, una cifra que ha aumentado hasta las 849 en los últimos meses. Esto supone un 65% más que las viviendas destinadas al alquiler tradicional, que actualmente son 515.
No son únicamente las grandes ciudades, la preocupación y las actuaciones también se extiende por municipios más pequeños. Dénia, Altea, Polop, l’Alfas del Pi, y Sant Joan de Alacant han suspendido también la concesión de nuevas licencias al menos durante un año.
Con mucho altavoz en la obra, los ladrillos y el cemento menudean
Sin embargo, no todo son rifirrafes, regulaciones, prohibiciones o sanciones. Aquí y allá surgen iniciativas de construcción de viviendas asequibles y de las otras. Sin una estrategia nacional, carencia que ya pagaremos, pero ladrillo a ladrillo, se van levantando algunas de esos casi dos millones de viviendas que necesitamos. Lo de la vivienda de lujo en la costa mediterránea mejor ni tocar.
Como en Soria, donde la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, junto a su alcalde Carlos Martínez, ha anunciado la construcción de 80 alojamiento compartidos en una parcela propiedad del Gobierno. No es el único proyecto, en la ciudad castellana se está construyendo una promoción de 40 viviendas financiadas por el Gobierno de España a través del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible y acometiendo la rehabilitación de 140 viviendas en el barrio del Carmen. Está claro que Carlos Martínez es un alcalde emergente y la esperanza de Moncloa para hacerse con el Gobierno de la comunidad.
En Cataluña, la Generalitat ha adquirido 743 pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias al fondo Divarian por un total de 72 millones, con el objetivo de incorporarlos al parque de vivienda pública. El procedimiento ha sido el de tanteo y retracto y constituye la mayor compra de viviendas realizada hasta ahora por la administración catalana. Hay que recordar que el pasado mes de noviembre, la entidad pública catalana cerró la compra de 452 pisos a InmoCaixa para incorporarlos al parque público de vivienda. Como diría Cicerón “¡o tempora o mores!” Hace unos años, en Madrid, se vendían las viviendas sociales a los fondos buitres que estaban llegando y ahora compramos los pisos para hacer viviendas sociales cuando se van.
Por su parte, en Vitoria-Gazteiz, en el barrio de Goikolarra, se ha colocado la primera piedra de un proyecto de 225 viviendas en alquiler asequible que fusiona la colaboración entre el sector público y privado; y ha sido posible gracias a la financiación del ICO (Instituto de Crédito Oficial). El modelo de alquiler asequible busca atender a aquellos solicitantes de vivienda inscritos en Etxebide, del Servicio Vasco de Vivienda, con ingresos medios, que no califican para vivienda social, pero enfrentan dificultades en el acceso a la vivienda libre en el mercado convencional.
También el Ayuntamiento de Madrid está intentando proporcionar vivienda asequible a sus ciudadanos y en estos momentos la EMS cuenta con casi 6.200 viviendas en diferentes fases de proyecto y ejecución. Entre ellas, se encuentran 2.200 pisos de alquiler que ya han comenzado a licitarse a través del Plan Suma Vivienda que contempla fórmulas de colaboración público-privada para el desarrollo residencial en Los Berrocales y Los Ahijones. En teoría, la idea es que los inquilinos de EMVS Madrid nunca destinen más del 30 % de los ingresos de la unidad familiar al pago de la renta de alquiler. Ya veremos.
Sin Plan Nacional de Vivienda faltará eficiencia
Como cabía esperar estas no son las únicas promociones en marcha que intentan paliar el déficit de viviendas que padecemos. Y así, en múltiples rincones de la geografía nacional, ladrillo a ladrillo, van surgiendo iniciativas que son sueños para millones de españoles. Pero aún son pocas, eso sí, con mucha orquesta y absolutamente descoordinadas.
Porque la falta de un Pacto de Estado origina la imposibilidad de poder hacer un Plan Nacional de Vivienda que pueda coordinar los esfuerzos leales para con el país, de Gobierno central, Comunidades Autónomas y ayuntamientos. Y sin lugar a dudas la situación nos restará eficacia y mucha.
En el Congreso anda la ministra Isabel Rodríguez diciendo a Podemos que le va a encargar al Instituto Nacional de Estadística que encuentre y analice el estado de las 400.000 viviendas vacías que aún tenemos y que por lo visto se nos deben haber perdido. La respuesta es la que todo el sector conoce: en patatales lejanos, asaltadas y robadas para quitarles todo lo que pudiera venderse. Inservibles.
La cifra de millones necesarias en vivienda da un poco de miedo
Sin una estrategia común volveremos a cometer errores. Porque o poco conozco al personal patrio, algo exento de luces salvo para ponerse medallas, o se avecina una carrera pagada con dinero público y del otro, a ver quién construye más y ocupa el primer puesto del ranking. Y cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento se mirarán a sí mismos y a sus interesados constructores y promotores, y no verán lo que está construyendo el vecino al otro lado de la muga autonómica o municipal. Perderemos eficacia, dinero y esfuerzo, porque no sabremos dónde hay que construir ni cuánto. Pero, al menos el dinero, y son unos 200.000 millones de euros los necesarios, alguien lo ganará.
Me acuerdo de los maletines del 2007, de las Cajas quebradas, de los políticos de todo pelaje metidos a promotores y del rescate de 70.000 millones, de los que no íbamos a poner ni un euro y terminamos poniéndolos todos. Miedito.
Compartido con Aquimicasa
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